Jornadas – La Licitación Electrónica como motor de modernizacion administrativa

El próximo jueves día 20 de enero de 2011, tendré la oportunidad de participar como ponente en las Jornadas sobre Licitación Electrónica y Modernización de la Administración Pública, organizadas por la Diputación Provincial de Burgos y Club de Innovación y la colaboración de la Universidad de Burgos. Colaboran también la ECLAP, la FRMP y el COSITAL de Burgos, con el patrocinio de Vortal Conecting Business

El acto cuenta con el siguiente programa:

Lugar de Celebración: Salón de Grados de la Universidad de Burgos.Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, C/Parralillos S/N 09001 (Burgos) Telf.: 947.258.950

Asistentes: La entrada está reservada únicamente a personal al servicio del sector público (Personal político, funcionarial y laboral)

09.40 horas: Recepción de asistentes
10.00 horas: Apertura Jornada
Intervienen:
D. Vicente Orden Vigara. Presidente de la Diputación de Burgos
D. Alfonso Murillo Villa. Rector de la Universidad de Burgos
D. Miguel A. de Bas. Socio Director de Club de Innovación.

10.15 horas: “La evolución de la contratación electrónica en la Unión Europea”
D. Luís Valadares Tavares. Presidente de la Asociación Portuguesa de los Mercados Públicos (APMEP) y del Observatorio de Prospectiva de Ingeniería y Tecnología (OPET) de Portugal y miembro grupo de trabajo PEPPOL EU

10.45 horas: “Una visión jurídica y tecnológica sobre la licitación electrónica”
D. Carlos Galán. Doctor en Informática, Abogado especialista en Tecnologías de la
Información. Consultor independiente y Profesor de la Universidad Carlos III
D. Alonso Hurtado Bueno. Abogado especialista en Derecho Tecnológico y miembro de la Comisión de Contratación Pública Electrónica de ANEI

11.45 horas: Café

12.15 horas: “Aplicación práctica en un organismo público de la e-licitación”
D. Siricio Ramírez. Jefe del Servicio de Contratación de la Universidad de Almería.
(pendiente de confirmacion)

12.40 horas: “La Licitación Electrónica como fuente de Modernización y ahorro en las AA.PP.”
D. Pedro Gato Andeyro. Director General Vortal Connecting Business S.A

12.55 horas: Pendiente confirmación.

13.10 horas: “Los Ayuntamientos y la implantación de la e-licitación”
Dª Virginia Moreno Bonilla. Colaboradora de la FEMP

13,30 horas: Mesa redonda: Debate sobre temas como Ahorros alcanzables; Adaptación legal; Cloud computing, etc. con la participación de los ponentes de la Jornada

14,20 Cierre.

Como podéis comprobar son unas jornadas completitas en lo que a programa se refiere y a ponentes, especialmente por la visión que se aportará tanto desde el punto de vista tecnológico, como de negocio y jurídico, además de contar con la posibilidad de conocer de primera mano la situación en países del entorno europeo.

Para mi esta conferencia es especial, ya no solo por la temática, que los que me conocéis sabéis que me apasiona, sino porque será la primera vez que coincidimos con mi profesor de “Derecho Informático” en la Universidad Carlos III de Madrid, D. Carlos Galán Pascual y yo, profesor y alumno, mano a mano en unas jornadas…espero estar a la altura :-)

Carlos se centrará en su ponencia en la externalización de los servicios tecnológicos por parte de las administraciones públicas, dando una justificación, tanto desde el punto de vista de la seguridad, como jurídico y haciendo especial hincapié en los servicios externalizados prestados en modo SaaS, o más conocidos como “Cloud Computing”

En mi caso, centraré mi ponencia en dar una visión rápida de cuál es la regulación actual en materia de contratación pública electrónica y especialmente en las posibilidades que nos brinda la normativa vigente a nivel estatal, para llevar a cabo procesos de contratación electrónica exclusivamente en formato electrónico.

Esquema Nacional de Seguridad I – Objeto y Ámbito de Aplicación

Hoy hace exactamente 1 año que fue vió la luz el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), aprobado mediante el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, dando respuesta así a lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, donde se crea el Esquema Nacional de Seguridad, cuyo objeto es el establecimiento de los principios y requisitos de una política de seguridad en la utilización de medios electrónicos que permita la adecuada protección de la información.

Durante los próximos meses, iré publicado diferentes artículos relacionados con los diferentes aspectos que considero de más interés respecto al mencionado Esquema Nacional, así como de los diferentes elementos que encontramos directamente asociados a éste.

En esta ocasión, nos centraremos en dos elementos esenciales en cualquier tipo de norma, y básicos a la hora de determinar su finalidad y las entidades afectadas por la norma. Se trata de los siguientes aspectos:

  • Objeto
  • Ámbito de aplicación

No obstante, antes de entrar en cada uno de los aspectos me gustaría dejar claro, el por qué no es hasta el año 2010, cuando vemos publicada esta norma de tanta importancia para el desarrollo tecnológico de nuestra Administración Pública Electrónica.

La respuesta la encontramos en la ya citada Ley 11/2007, en la que se dispone y erige al nivel de derecho de los ciudadanos, la capacidad de relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. Este derecho, reclamable ante los tribunales competentes, obliga al Estado a establecer rápidamente cuáles deben ser las condiciones de seguridad, junto a las de interoperabilidad, a la hora de desarrollar o adquirir licencias de herramientas y aplicaciones software relacionadas con los diferentes aspectos necesarios para desarrollar sus planes de modernización administrativa.

Como la propia norma dispone en su exposición de motivos,

“La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad es la creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.”

“El Esquema Nacional de Seguridad persigue fundamentar la confianza en que los sistemas de información prestarán sus servicios y custodiarán la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin interrupciones o modificaciones fuera de control, y sin que la información pueda llegar al conocimiento de personas no autorizadas. Se desarrollará y perfeccionará en paralelo a la evolución de los servicios y a medida que vayan consolidándose los requisitos de los mismos y de las infraestructuras que lo apoyan.”

Aclarado este aspecto, si atendemos al Objeto específicamente indicado en el propio ENS, observamos como se dispone que que el objeto de la norma es, “determinar la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos a los que se refiere la citada Ley”, o lo que es lo mismo, establecer una guía, unos principios, básicos y mínimos, que puedan seguir todas las Administraciones Públicas, en la difícil tarea de desarrollar o en su caso adquirir de terceros, tecnologías capaces de prestar los servicios electrónicos que correspondan a los ciudadanos, todo ello garantizando una homogeneidad real, tanto en tecnologías empleadas, como en interconexión e interoperabilidad de las mismas, así como en relación a los requisitos mínimos de seguridad lógica, todo ello, encaminado a lograr el cumplimiento de los siguientes principios:

  • Acceso.
  • Integridad.
  • Disponibilidad.
  • Autenticidad.
  • Confidencialidad.
  • Trazabilidad.
  • Conservación de los datos, informaciones y servicios.

Ahora bien, tenemos claro que esta norma va indicada exclusivamente al cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas, pero ¿Todas las administraciones públicas se ven afectadas? Si atendemos a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 11/2007 observaremos como se dispone que, el ENS deberá cumplido por las siguientes entidades:

  • Administración General del Estado, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición Adicional Décima de la Ley 6/1997 de Funcionamiento de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, donde se hace referencia expresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Corporación RTVE, las Universidades no transferidas, la Agencia de Protección de Datos, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional del Sector Postal y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley.
  • Administraciones de las Comunidades Autónomas.
  • Entidades que integran la Administración Local.
  • Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de las anteriores.
  • A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
  • A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas (relaciones interadministrativas)

En relación con las Universidades, sin lugar a dudas se trata de organismo autónomos, de conformidad con la Ley Orgánica de Universidades y por el propio mandato constitucional. No obstante, esta autonomía determina su independencia de otro organismos, tanto nacionales como autonómicos o locales, pero no su desvinculación absoluta de los organismos locales. Concretamente las Universidades Públicas, según la organización actual, son organismos vinculados a las Comunidades Autónomas, por lo que debería igualmente cumplir íntegramente con el ENS a la hora de desarrollar o adquirir de terceros, tecnologías para el desarrollo de sus planes de administración electrónica.

Procedimientos de licitación pública exclusivamente en formato electrónico

A continuación comparto la siguiente entrada sobre Contratación Pública Electrónica que publiqué en el Blog del Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación (INTECO):

Son tiempos de cambios en nuestra Administración Pública, eso creo que es más que evidente, al menos si atendemos a la legislación que en los últimos años viene siendo publicada en los Boletines Oficiales, tanto del Estado, como de las Comunidades Autónomas.

En esta entrada me gustaría centrarme en un aspecto muy concreto de la administración electrónica, y parte fundamental del funcionamiento de la misma, los procedimientos de licitación pública en formato electrónico y más concretamente, en la posibilidad o no, según nuestra legislación, de llevar a cabo procesos de contratación pública electrónica únicamente mediante este tipo de medio, el electrónico.

Si atendemos a nuestra legislación de contratación pública básica, Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, difícilmente vamos a encontrar una disposición en la que expresamente se reconozca la posibilidad, ahora bien, si atendemos a lo dispuesto en la Disposición Adicional 19 de la Ley 30/2007, podemos observar cómo se establece que:

“los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán ser no discriminatorios, estar a disposición del público y ser compatibles con las tecnologías de la información y de la comunicación de uso general.”

Igualmente, en la citada Disposición Adicional 19 de la Ley 30/2007 se establece que:

“En cumplimiento del principio de transparencia en la contratación y de eficacia y eficiencia de la actuación administrativa, se fomentará y preferirá el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos contemplados en esta Ley por parte de los licitadores o los candidatos. En todo caso en el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, dichos medios deberán estar disponibles en relación con la totalidad de los procedimientos de contratación de su competencia (Dando así mandado a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos)”

Del mismo modo, encontramos referencias a esta cuestión (aunque no de forma expresa) en la Disposición Adicional Única del RD 817/2009(Reglamento de desarrollo de la Ley 30/2007), en la que se dispone que:

“Al objeto de fomentar la agilidad, eficacia y eficiencia de los procedimientos regulados en este Real Decreto, y de acuerdo con lo previsto en las disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, las comunicaciones, requerimientos y notificaciones previstos en este Real Decreto podrán realizarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. A tal efecto, y de acuerdo con lo previsto en la disposición final novena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, el Ministro de Economía y Hacienda podrá establecer, mediante Orden, las especificaciones técnicas y modelos necesarios para la plena efectividad de la práctica de dichas comunicaciones, requerimientos, notificaciones y certificaciones por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.”

Si buceamos de nuevo en el BOE, podremos observar cómo la mencionada orden en el párrafo anterior, se encontraba ya publicada desde el año 2005 (recuerdo que el párrafo anterior tiene fecha de 2009). Concretamente se trata de la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el empleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación, en cuyo artículo 2 se dispone que:

“En los contratos en que, por razón del número previsible de licitadores, por la cantidad y características de los productos o bienes objeto de licitación, o por la concurrencia de otras peculiaridades debidamente motivadas, se considere conveniente por razones de agilidad y simplificación del procedimiento y, en todo caso, en las licitaciones y contratos que se celebren dentro del sistema de adquisición centralizada de bienes y servicios al amparo de los artículos 183 y 199 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los pliegos de cláusulas administrativas podrán establecer la necesidad de que la presentación de las solicitudes de participación y proposiciones, la aportación de documentos y las comunicaciones y notificaciones entre el órgano de contratación y los licitadores o contratistas, se realicen, en todas o en alguna de sus fases, de forma exclusiva, por medios electrónicos.”

Por último, el citado artículo de la Orden dispone algo que parece más que evidente, el cumplimiento permanente del principio de no discriminación, transparencia y libre acceso a los procesos de licitación pública:

“Para que en los pliegos pueda establecerse la necesaria utilización de medios electrónicos, deberá acreditarse en el expediente de contratación, que esta exigencia no supondrá restricción o discriminación alguna para los licitadores, en el sentido señalado en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

Por todo ello, parece evidente que sí, que es perfectamente posible, siempre que se justifique y motive debidamente en los pliegos de condiciones del concurso, la posibilidad de llevar a cabo procesos de licitación pública exclusivamente en formato electrónico.